Trabajadores afectados.

Comisiones Obreras (CCOO) ha confeccionado una lista de unos 200 trabajadores que tienen problemas de cobro y que son defendidos por dicha central. En la relación, a la que ha tenido acceso ‘El Faro’, aparecen muchas empresas dedicadas a la construcción, lo que demuestra el mal momento que está atravesando este sector.

En la lista están Windows S.L. (2 trabajadores afectados), Instalaciones Ozeito (1), Srifi Contratas S.L. (6), Pacto, Desarrollo y Servicios (20), Carmen Adame Feria (32), Drappo S.A. (8), Nortsur S.A. (8), BKN (12), Ybarrola Construcciones y Reparaciones (21) Hamadi Amar Mohamed (8), Jitamon S.L. (4), Estruceuta (2), Abyla Europromociones (7), Interiores Ubega (1), Sankein Ecuador S.L. (3), Galiceu XXI S.L. (6), Lebrysan de Estructuras S.L. (20) y Dozahi (35).
Existe un núcleo de problemas de subcontratas en las obras del nuevo hospital del nuevo hospital de Loma Colmenar.
Aróstegui dijo que se trata de un “efecto rebote” de las propias empresas constructoras, que tienen problemas en la península y terminan “usando el dinero de Ceuta para ir tapando sus boquetes”.
El líder sindical lamentó que están aumentando las conductas “fraudulentas, ilegales y corruptas” de muchos empresarios. Además, dijo que cada vez son más frecuentes los finiquitos firmados antes de comenzar a trabajar, las presiones para renunciar a complementos, las horas extraordinarias obligatorias y sin cobrar, las amenazas de despido y el trabajo ilegal.
En este orden, dijo que muchos empresarios han adoptado la filosofía, en tiempos de crisis, de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
De esta manera, el sindicato responderá mediante actuaciones concretas para que estos empresarios que se comportan de esta manera sientan “vergüenza social”, ya que no le parece lógico “que se amparen en el miedo de los trabajadores que no quieren denunciar”. Asimismo, anunció poner en marcha una campaña de denuncia social.
En las dependencias de CCOO esperaban ayer para ser atendidos unos 20 trabajadores de la empresa Ybarrola, quienes llevan un mes sin cobrar. Lamentaron que no cobran las horas extras y que los empleados transfronterizos, que son varios, no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo.
En declaraciones a este medio, el responsable de la empresa, Francisco Barrientos, dijo que los retrasos de abono de salarios se han producido debido a “problemas financieros”, y que ha buscado “todo tipo de soluciones, hasta el punto de intentar vender la empresa para sacar los costes de empleados y proveedores”. Después de un mes y medio trabajando para llevar a cabo esta gestión, no fue posible.
Además, el empresario aseguró haberse puesto en contacto con el sindicato antes de que fueran los trabajadores a denunciar su situación. “No hay mala relación entre nosotros y el sindicato y los trabajadores. Se les ha ido informando a todos los empleados desde el primer día y tenemos de cuatro a cinco reuniones todas las semanas para exponerles la situación. Ellos saben todos los pasos que se están dando”.
Barrientos dice estar “a disposición” de CCOO para facilitar toda la documentación necesaria. El sindicato ha solicitado a la empresa presentar un expediente de regulación de empleo y enviará un informe a Fogasa, que cubrirá un 45 por ciento de los gastos de cada empleado.
El empresario dijo que pondrá su maquinaria a disposición de un administrador que nombre Hacienda y que con la subasta se terminará de pagar a los empleados. Además, un tercio de la plantilla ya tiene el finiquito. “Todo está justificado y las cuentas están claras”, sentenció.

La REA como instrumento de control

CCOO entiende que el archivo que permitió crear la Ley de Subcontratas “no funciona” y que “se cerró el registró”. En este sentido, considera que “no existe una política, por parte de la Delegación del Gobierno para controlar esta situación”.
Por su parte, la jefa del Área de Trabajo de la administración citada, Remedios Muñoz, dijo ayer en declaraciones a este medio que el Registro de Empresas Acreditadas (REA) “obliga a las empresas de la construcción a estar inscritas”. En esta línea, aseguró que si no lo están “se enfrentan a una sanción grave o muy grave con multas muy elevadas en el caso de que un inspector de Trabajo visitara la obra, pidiera el certificado de éstas al empresario y no lo tuviera”. Además, aseguró que el registro “no está cerrado, sino todo lo contrario. Si una empresa de nueva creación o recién implantada en Ceuta quiere trabajar en la ciudad, puede inscribirse porque se trata de un registro abierto”.
En el caso de las subcontratas, dijo que son las empresas contratistas las que, por ley, tienen que verificar que la subcontrata está inscrita. A día 12 de enero, en Ceuta hay 81 empresas inscritas y se han expedido 47 certificados.

Plano de la nueva cárcel.

La Confederación de Empresarios (CECE) considera que la nueva penitenciaría prevista para la ciudad y cuyo proyecto y planos fueron publicados en exclusiva por ‘El Faro’, va a generar “movimiento económico” y muchos puestos de trabajo, según indicó en declaraciones a este medio el máximo responsable de la organización empresarial, Rafael Montero.

El total de empleados que harán falta para hacer realidad el proyecto de la nueva cárcel es de 724 personas, a las que hay que sumarle el personal que se dedicará a las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo y los 423 funcionarios y 24 laborales que velarán por el cumplimiento del derecho penitenciario.
Además de las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo, existirá una nómina de personal laboral que, por norma general, suele ser seleccionado entre residentes del propio municipio, en colaboración con los responsables de fomento del empleo local.
Montero recordó también que el aumento del personal que trabajará en la cárcel conllevará la llegada a la ciudad autónoma de personas de la península, lo que supondrá su consumo en Ceuta. “El funcionario es un consumo fijo, porque no tiene problemas de crisis”, manifestó.
El presidente de la CECE, como ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, indicó que en tiempos de crisis, es el Gobierno el que tiene que generar empleo a través de obras públicas.
Aunque las empresas contratistas serán “entidades grandes”, el máximo responsable de la CECE no descarta que muchos trabajos se subcontraten y beneficie así a empresarios de la ciudad.

Empresas de construcción

El proyecto dice que las empresas de trabajos relacionados con la construcción (subcontratas en general), almacenes de materiales y talleres encontrarán en esta obra “una fuente de trabajo con importantes cifras de contratación, que generalmente obligará a crecer, mejorar y adaptarse a los sistemas de calidad exigidos en la misma”.
En cuanto a los servicios, el flujo de todo tipo de personal, tanto directivo como técnico u operario, conllevará el uso de los servicios de restauración y alojamiento en las inmediaciones de la obra.
El proyecto indica también que una vez construido el complejo, su funcionamiento “responde prácticamente” al de una pequeña ciudad, necesitando los mismos servicios y realizándose su abastecimiento desde el exterior, por lo que dependerá de la zona para la adquisición de alimentos, fármacos, vestuario, artículos de limpieza o material didáctico, generando también importantes ingresos por parte de empresas de la ciudad.

Las barriadas cercanas no ven problemas en la ubicación de la cárcel

Las asociaciones de vecinos de las barriadas más cercanas a la futura ubicación de la nueva cárcel (Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso) han manifestado, a través de sus presidentes, que no creen que la situación de este edificio les suponga un problema directo.
Mohamed Lahsen, representante de Príncipe Felipe, dijo que “dadas las dimensiones de la ciudad el centro penitenciario no puede estar situado mucho más lejos”. De esta forma justificó que se proyecte su construcción cerca del casco urbano. También quiso manifestar que lo que no era lógico era la situación de la actual cárcel de Los Rosales, “que está en mitad de la ciudad”. Por otro lado expresó sus quejas en torno a la incomodidad que les causa la cercanía del polígono industrial. “Las mercancías, los empresarios y las personas que acuden al polígono pasan muchas veces por medio de la barriada y saturan nuestras vías”, dijo. Matizó que esto se producía principalmente cuando la frontera estaba colapsada, “aunque no deja de ser un problema”.
En lo que respecta al barrio de Príncipe Alfonso, Laarbi Mohamed explicó que por el momento ningún vecino había acudido a él para mostrarle su descontento, pero matizó que probablemente se debiera a que “no conozcan mucho la noticia”. De todas formas dijo que el sitio en el que irá situada la institución penitenciaria, a unos 500 metros, está lo suficientemente lejos como para que no les cause molestias importantes.
En ambos casos hablaron de posibles respuestas de los vecinos en los próximos días, aunque en general la tónica sería la de “comprensión y aceptación de lo que ocurre”.

Ubicación de la nueva prisión.

El inicio de la actividad del nuevo centro penitenciario de Ceuta, que se levantará en el sureste del territorio ceutí, entre el Cerro de la Mora y el Cerro de Mendizábal en una parcela de 23,4 hectáreas (234.190 m2), conllevará la incorporación de unos 423 funcionarios y 24 laborales de Instituciones Penitenciarias, según el proyecto de construcción de la cárcel al que ha tenido acceso en exclusiva ‘El Faro’.

Este personal -dice el proyecto- tiende generalmente a vivir lo más próximo posible a su centro de trabajo por economía de tiempo y transporte. Esto significa que gran parte de esas familias se empadronarían en la ciudad, que deberá fomentar la salida al mercado de viviendas de alquiler, la rehabilitación de otras ya existentes o la construcción de nuevas.
Además, la puesta en funcionamiento del mismo establecimiento generará un incremento de alrededor de 70 efectivos de Fuerzas de Seguridad del Estado, que además de originar una situación social similar a la referida respecto a los funcionarios, le proporcionará a la zona un considerable aumento de seguridad, tanto estática, en el entorno del complejo, como dinámica, por el constante trasiego de vehículos entre el centro de seguridad más próximo y el complejo penitenciario.
Aunque en algunos sectores de la sociedad existe una percepción negativa de los centros penitenciarios, su presencia genera un alto número de puestos de trabajo y demanda gran cantidad de servicios, que lo convierten generalmente en “una importante empresa en la zona”. Su incidencia en el municipio que lo acoge puede dividirse en dos etapas: el momento de su implantación y construcción (obreros), y durante su funcionamiento (funcionarios de prisiones, ya comentado).
Los trabajos de construcción comenzarán este año y tendrán un periodo de ejecución de 24 meses. Durante este tiempo se empleará una media de personal, entre técnicos, administrativos, oficiales especializados, ayudantes y peones, de unas 724 personas. Se tenderá a contratar prioritariamente a trabajadores de la zona, lo que supondrá la inmediata creación de nuevos puestos de trabajo, según indica el proyecto.
El informe advierte de que una vez construida la penitenciaría, su funcionamiento corresponderá prácticamente al de una pequeña ciudad, necesitando los mismos servicios y realizándose su abastecimiento desde el exterior, por lo que dependerá de la zona para la adquisición de alimentos, fármacos, vestuario, artículos de limpieza, material didáctico, etc.
Además, para las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo existirá una nómina de personal laboral, que suele ser en este tipo de centros seleccionado entre residentes del propio municipio, en colaboración con los responsables de fomento del empleo local.
La penitenciaría llevará incorporado un Centro de Inserción Social (CIS), ya que finalmente se optó por agrupar ambas actuaciones de tal manera que se optimiza la ocupación de terrenos y la dispersión de este tipo de instalaciones por el territorio. Este aspecto ha sido tenido en cuenta a la hora de seleccionar un emplazamiento que garantice superficie suficiente para ubicar ambas instalaciones. Las alternativas de localización para el CIS considerada han sido Cía de las Lanzas, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, El Jaral (frente a la planta de hormigones Guano, en carretera Ceuta-Benzú) y Calamocarro.
Otro dato a destacar del proyecto es que el centro penitenciario estará ubicado a 500 metros de la barriada más conflictiva de la ciudad, Príncipe Alfonso, y a 1.200 metros de la actual cárcel de Los Rosales.

Ordenación del centro

El centro contará con 648 celdas, tal y como adelantó este medio el pasado año. La ordenación de los diversos edificios que lo componen se basa en la jerarquización de la relaciones entre las distintas actividades que se van a desarrollar dentro del mismo y la adaptación de un terreno en pendiente que genera una serie de plataformas a distintas alturas y la relación entre ellas.
El eje más al sur costará de una plaza de ingreso al centro, rodeada por los edificios del módulo de régimen cerrado, ingresos, salidas y tránsitos, jefatura de servicios, comunicaciones y convivencia, todos ellos en contacto directo con el exterior para el acceso de funcionarios o visitar externas.
Hacia el norte y al lado del edificio de comunicaciones de convivencia se encontrará el edificio de cocinas, instalaciones y almacenes, con acceso posterior de vehículos para el suministro de todo el centro desde el exterior, y los talleres productivos.
En la zona más al noreste se ubicarán en primer lugar tres módulos polivalentes, enfrentados con el acceso a los edificios de enfermería y deportivo.
Dentro de la banda de seguridad de 20 metros y como esclusa de ingreso, se situará el edificio de oficinas y cuerpo de guardia, y próximo al acceso de la misma, el edificio de control de accesos. Estos dos edificios se comunicarán mediante una pasarela.
Los aparcamientos, tanto el de visitas, como el de funcionario, se situarán fuera de las bandas de seguridad. Próximo al aparcamiento de visitas, se reservará una zona para el CIS, con 50 habitaciones dobles.
El conjunto quedará protegido por un perímetro exterior o banda exterior de 20 meros de ancho controlada por la Guardia Civil, con un vial de circulación de vehículos. Esta banda estará delimitada por muros de hormigón armado. Además, contará con una banda interior de 19 metros de ancho (Paseo de Ronda), con una valla metálica que la dividirá longitudinalmente.

Un complejo moderno pensado para el interno

Convivencia Este edificio permitirá las comunicaciones de convivencia. Es de una sola planta, contando con espacio bajo la cubierta inclinada para poder alojar las instalaciones.
Deporte y cultura Llevará incorporado un polideportivo cubierto, con vestuarios, frontón, gimnasio y piscina. También contará con un auditorio, aulas y una biblioteca.
Enfermería Dispondrá de planta baja, técnica y primera. Al adosarse el edificio a la galería de instalaciones, la planta bajo cubierta técnica se reubicará como la entreplanta técnica, resolviendo las instalaciones y accesos a patinillos.
Inserción El proyecto incluye también la construcción de un CIS, con 50 habitaciones dobles. La DGIP sigue apostando por la inserción social y laboral.

Septem Nostra pide que se respeten las zonas protegidas

La construcción de este mastodonte alterará la fisonomía de la ciudad. Algo de lo que es consciente el Gobierno de ahí que, a través del Ministerio de Medio Ambiente, haya pedido ya una evaluación sobre el impacto ambiental del proyecto.
Ha sido la asociación en defensa del patrimonio, Septem Nostra, la encargada de llevarla a cabo. Una valoración a la que ha tenido acceso este medio y que se remitió a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, esta misma semana. Sólo un punto negro: no se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar el proyecto, la zona en la que se pretende levantar la cárcel, un espacio protegido por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
“Concretamente, el centro penitenciario afectaría al denominado ‘Monte Benzú, de ingenieros y sin denominación especial’, perteneciente al Estado, e incluido en el Catalogo de Montes de Utilidad Pública”, apunta José Manuel Pérez Rivera. “Este monte se encuentra afectado a la Defensa Nacional, por lo que, además del cumplimiento de la Ley de Montes, cualquier acción que los afecte deberá constar con informe favorable del Ministerio de Defensa”, concreta.
En la lista de asuntos a tener en cuenta antes de iniciar esta magna obra, que vendrá a frenar el hacinamiento de Los Rosales, Septem Nostra considera que “la afectación al entorno protegido de la Torre de Mendizábal, declarada Bien de Interés Cultural, no se ha resuelto de manera definitiva en la memoria”, debiendo recordarse que “el artículo 19. 3 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español prohíbe toda construcción que altere el carácter de los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación”, apunta.
Según se indica en el informe emitido por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el proyecto de la nueva penitenciaria invade parte del entorno protegido del mencionado fortín, “por lo que se debería modificar la ubicación del centro penitenciario para evitar esta situación y respetar la condición como elemento protegido de la torre de Mendizábal”, añade. La asociación pide además realizar un estudio hidrológico, así como un informe que establezca la afección del proyecto en el dominio público hidráulico.

Gobernación procedió ayer a señalizar las paradas.

El cien por cien de los comerciantes del tramo peatonal comprendida entre la Plaza de los Reyes y la Iglesia de los Remedios ha mostrado, en un sondeo realizado por la Confederación de Empresarios (CECE), su oposición a que el nuevo autobús del centro, que comenzará a funcionar la próxima semana, pase por esta zona.

El máximo responsable de la organización empresarial, Rafael Montero, destacó además que también hay vecinos que quieren lo mismo, es decir, que la calle sea peatonal. “Este dato nos sorprende, por lo que nos anima, aún más, a pedir que la calle no se abra al tráfico rodado”, afirmó.
Los comerciantes de la zona quieren que la calle sea exclusivamente peatonal, al igual que otras vías de la ciudad afectadas por las obras de remodelación del centro. Asimismo, exigen “los mismos derechos” que los propietarios de viviendas y locales comerciales del Paseo del Revellín y parte de la calle Camoens, “tanto por lo que al bienestar se refiere, como por la revalorización de viviendas y locales, y reactivación de la práctica comercial”, tal y como indicó la Junta Rectora de la Comunidad de Propietarios del Edificio Florencia.
La propuesta de los comerciantes y de sus representantes, como la CECE, es que el microbús pase por la calle Beatriz de Silva, y que vaya cayendo a través de las perpendiculares que cortan la peatonal.
Los afectados (vecinos y comerciantes) han creado ya la denominada Plataforma de la Calle Real, que cuenta con el apoyo de la CECE y el Centro Comercial Abierto. Esta organización recuerda las declaraciones efectuadas por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien dijo que “el uso de la calle será el que empresarios y vecinos decidan”. De esta manera, recuerdan que no han sido consultados.
La Plataforma dice, además, que el hecho de que por esta calle circulen autobuses y taxis “conllevará la inseguridad de los peatones, ya que no se sabe dónde empieza y terminan las aceras, además del consiguiente deterioro de la calzada”. Dice que esto último es fácilmente demostrable con una mera inspección de la zona destinada al tráfico en el Paseo de las Palmeras.
Entre las consecuencias inmediatas que va a suponer la apertura al tráfico indica “el peligro de los peatones y especialmente los niños (hay tres comercios de juguetes infantiles), la no instalación de tres terrazas de cafeterías y abuso de quienes no respeten la prohibición de circular”.
Así las cosas, dicha Plataforma no renuncia a convocar movilizaciones reivindicativas hasta conseguir “que la razón y la palabra dada por quien nos gobierna sea una realidad”.
Mientras, la administración local comunicó ayer que la nueva línea de autobuses comenzará a funcionar la próxima semana, cuando la Consejería de Gobernación, que tiene la competencia en este asunto, haya finalizado todos los trabajos de acondicionamiento necesarios.
Ayer se procedió a colocar las señales de las nuevas paradas de autobuses. A estos discos se le deberán unir otros, incluidos los referentes a la limitación de velocidad en la nueva zona peatonal de la calle Real, que queda fijado en tan sólo 10 kilómetros/hora.
Se están llevando a cabo también otras labores de acondicionamiento para facilitar el recorrido del microbús que cubrirá esta línea, algunas de ellas ya realizadas, como el podado de los árboles que dan a la calzada en la zona del Colegio de La Inmaculada o el cambio de desnivel en la calle Antioco. Hoy se realizará otro de los trabajos necesarios para la puesta en marcha del nuevo trayecto del servicio público, como es la colocación de bolardos en la calle Millán Astray, donde también se ubicará un semáforo.
La nueva línea saldrá desde la Plaza de la Constitución por el paseo de la Marina. Las paradas de autobús estarán situadas en la Plaza de los Reyes, en la calle Real a la altura del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en las plazas de Azcárate y Maestranza.
La nueva línea estará en servicio de lunes a sábado entre las 7:00 y las 22:30 horas, con salidas cada media hora, que es el tiempo en el que se estima la duración del recorrido.

La calle volverá a ser peatonal en fechas claves, como Navidad

El consejero de Gobernación aseguró que la Ciudad Autónoma hará las gestiones oportunas para que la zona alta de la calle Real vuelva a ser peatonal en fechas claves, como Navidad.
El motivo es muy claro: que los comerciantes de la zona no se vean perjudicados en épocas de mayores ventas y de máxima actividad económica. No obstante, el político aseguró que la puesta en marcha de esta línea “no perjudicará” a los empresarios de la zona, sino todo lo contrario. “El paso del servicio público por esta zona supone una comodidad para todos y dará facilidad a los comerciantes”, manifestó Rodríguez Gómez.

La Ciudad estudia un recorrido alternativo pero ya adelanta que será “inviable”

La Ciudad estudia un recorrido alternativo para la nueva línea de autobús. Asimismo, ha encargado un proyecto de acondicionamiento de la calle Martín Cebollino y aledaños, con la idea de que también pueda transitar por esta zona. No obstante, asegura que tardará “más de un año” y que la Jefatura de Tráfico lo ve “inviable”, tal y como indicó el consejero de Gobernación.
Además, la administración local, a través de la Consejería de Economía y Empleo, mantendrá una reunión con los comerciantes de la calle Real para escuchar sus peticiones y buscar una solución que satisfaga a todos.
Aunque todo apunta a que los comerciantes no van a conseguir su objetivo y que la calle Real será semipeatonal. Por ella sólo podrán transitar los vehículos de emergencia (policía, ambulancias y Bomberos) y servicio público (autobuses y taxi). En la entrada se colocarán unos pivotes automatizados, que se bajarán mediante un mando a distancia. También podrán circular los propietarios de alguna de las plazas de garaje de los dos aparcamientos que hay en la zona, en la calle Echegaray. Para ello contarán con una tarjeta identificativa que deberá solicitar una vez que se haga el anuncio correspondiente.
De momento, y aún con la entrada en funcionamiento de esta nueva disposición de la circulación la próxima semana, no será necesaria esta tarjeta.
Los ciudadanos tendrán acceso a su garaje a través de la calle Sargento Coriat (y por la calle Real). Desde esta vía se puede bajar, a través de la calle Ciudad de Trujillo, al paseo de la Marina Española desde la semana pasada, cuando se abrió esta nueva conexión.
Desde esta última vía también podrán llegar a sus garajes a través dela calle Duarte, una vía en la que como en Teniente Arrabal se cambiará el sentido de la circulación, aunque esto no ocurrirá hasta unas semanas después.
Para velar por el correcto uso de la zona peatonal, la Policía Local patrullará a pie durante todo el día la calle Real desde que se ponga en servicio la nueva línea de autobuses.

La ciudad cuenta con un total de 57.460 vehículos

La ciudad cuenta con un total de 57.460 vehículos, sin contar ciclomotores, según indicó el consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez, en declaraciones a este medio.
Con este dato, el político quiso destacar las “grandes dificultades” que existen en la ciudad para el tráfico rodado. “No podemos quitar calles transitables puesto que es muy difícil circular con un vehículo por el centro de la ciudad”, manifestó.
En esta línea, Rodríguez Gómez recordó que hace casi un año que no pasan vehículos por la zona “y ésto no debe ser”. Para el consejero, el paso de los servicios de emergencia y público va a “descongestionar” el tráfico en el centro de la ciudad, por lo que valora la puesta en marcha de la nueva línea de autobús.
El máximo responsable de Gobernación aseguró que la zona va a estar vigilada por la Policía Local y que se sancionarán “de manera severa” a los vehículos no autorizados que transiten la calle.