Trabajadores afectados.

Comisiones Obreras (CCOO) ha confeccionado una lista de unos 200 trabajadores que tienen problemas de cobro y que son defendidos por dicha central. En la relación, a la que ha tenido acceso ‘El Faro’, aparecen muchas empresas dedicadas a la construcción, lo que demuestra el mal momento que está atravesando este sector.

En la lista están Windows S.L. (2 trabajadores afectados), Instalaciones Ozeito (1), Srifi Contratas S.L. (6), Pacto, Desarrollo y Servicios (20), Carmen Adame Feria (32), Drappo S.A. (8), Nortsur S.A. (8), BKN (12), Ybarrola Construcciones y Reparaciones (21) Hamadi Amar Mohamed (8), Jitamon S.L. (4), Estruceuta (2), Abyla Europromociones (7), Interiores Ubega (1), Sankein Ecuador S.L. (3), Galiceu XXI S.L. (6), Lebrysan de Estructuras S.L. (20) y Dozahi (35).
Existe un núcleo de problemas de subcontratas en las obras del nuevo hospital del nuevo hospital de Loma Colmenar.
Aróstegui dijo que se trata de un “efecto rebote” de las propias empresas constructoras, que tienen problemas en la península y terminan “usando el dinero de Ceuta para ir tapando sus boquetes”.
El líder sindical lamentó que están aumentando las conductas “fraudulentas, ilegales y corruptas” de muchos empresarios. Además, dijo que cada vez son más frecuentes los finiquitos firmados antes de comenzar a trabajar, las presiones para renunciar a complementos, las horas extraordinarias obligatorias y sin cobrar, las amenazas de despido y el trabajo ilegal.
En este orden, dijo que muchos empresarios han adoptado la filosofía, en tiempos de crisis, de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
De esta manera, el sindicato responderá mediante actuaciones concretas para que estos empresarios que se comportan de esta manera sientan “vergüenza social”, ya que no le parece lógico “que se amparen en el miedo de los trabajadores que no quieren denunciar”. Asimismo, anunció poner en marcha una campaña de denuncia social.
En las dependencias de CCOO esperaban ayer para ser atendidos unos 20 trabajadores de la empresa Ybarrola, quienes llevan un mes sin cobrar. Lamentaron que no cobran las horas extras y que los empleados transfronterizos, que son varios, no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo.
En declaraciones a este medio, el responsable de la empresa, Francisco Barrientos, dijo que los retrasos de abono de salarios se han producido debido a “problemas financieros”, y que ha buscado “todo tipo de soluciones, hasta el punto de intentar vender la empresa para sacar los costes de empleados y proveedores”. Después de un mes y medio trabajando para llevar a cabo esta gestión, no fue posible.
Además, el empresario aseguró haberse puesto en contacto con el sindicato antes de que fueran los trabajadores a denunciar su situación. “No hay mala relación entre nosotros y el sindicato y los trabajadores. Se les ha ido informando a todos los empleados desde el primer día y tenemos de cuatro a cinco reuniones todas las semanas para exponerles la situación. Ellos saben todos los pasos que se están dando”.
Barrientos dice estar “a disposición” de CCOO para facilitar toda la documentación necesaria. El sindicato ha solicitado a la empresa presentar un expediente de regulación de empleo y enviará un informe a Fogasa, que cubrirá un 45 por ciento de los gastos de cada empleado.
El empresario dijo que pondrá su maquinaria a disposición de un administrador que nombre Hacienda y que con la subasta se terminará de pagar a los empleados. Además, un tercio de la plantilla ya tiene el finiquito. “Todo está justificado y las cuentas están claras”, sentenció.

La REA como instrumento de control

CCOO entiende que el archivo que permitió crear la Ley de Subcontratas “no funciona” y que “se cerró el registró”. En este sentido, considera que “no existe una política, por parte de la Delegación del Gobierno para controlar esta situación”.
Por su parte, la jefa del Área de Trabajo de la administración citada, Remedios Muñoz, dijo ayer en declaraciones a este medio que el Registro de Empresas Acreditadas (REA) “obliga a las empresas de la construcción a estar inscritas”. En esta línea, aseguró que si no lo están “se enfrentan a una sanción grave o muy grave con multas muy elevadas en el caso de que un inspector de Trabajo visitara la obra, pidiera el certificado de éstas al empresario y no lo tuviera”. Además, aseguró que el registro “no está cerrado, sino todo lo contrario. Si una empresa de nueva creación o recién implantada en Ceuta quiere trabajar en la ciudad, puede inscribirse porque se trata de un registro abierto”.
En el caso de las subcontratas, dijo que son las empresas contratistas las que, por ley, tienen que verificar que la subcontrata está inscrita. A día 12 de enero, en Ceuta hay 81 empresas inscritas y se han expedido 47 certificados.