La participación de un mayor de edad en los incidentes de Punta Blanca ha hecho surgir la posibilidad de que pudiera ser trasladado a un centro penitenciario.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece los casos en los que el interno puede abandonar el internado para ingresar en una prisión. Dicha Ley, en su artículo 14, que habla de la mayoría de edad del condenado, indica que cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance la edad de 18 años -el joven en cuestión cuenta con 19- sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, después de oir al Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma, podrá ordenar que el cumplimiento de la condena se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria “si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia”.
Cuando el menor pase a cumplir la medida en una prisión, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el juez de Menores que estuviesen pendientes de cumplimiento o que estuviera cumpliendo simultáneamente con la de internamiento, si estas no fueran compatibles con el régimen penitenciario.
Por otra parte, según ha podido saber ‘El Faro’, las condiciones que se tienen que dar para que a un interno se le aplique la Ley del Menor y no la Ley Orgánica General Penitenciaria son que se trate de una falta menor que el delito por el que cumple condena, que no haya existido peligro para la vida de la gente y que sea aconsejable su permanencia en el centro de menores.
Por otra parte, una vez tomada la decisión, la parte interesada tendrá un plazo de tres días para recurrir el auto en la Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El joven en cuestión fue condenado por un delito contra la salud pública. Una vez ocurridos los incidentes de Punta Blanca, el Ministerio Fiscal, llegado al caso, iniciaría un procedimiento contra las personas implicadas iniciando un expediente de reforma. Dentro de este tipo de incidentes, los implicados pueden haber cometido varios tipos de delitos. Si hubieran roto el mobiliario se enfrentarían a un delito de daños y, en otros casos, condenados por desorden público.