Trabajadores afectados.

Comisiones Obreras (CCOO) ha confeccionado una lista de unos 200 trabajadores que tienen problemas de cobro y que son defendidos por dicha central. En la relación, a la que ha tenido acceso ‘El Faro’, aparecen muchas empresas dedicadas a la construcción, lo que demuestra el mal momento que está atravesando este sector.

En la lista están Windows S.L. (2 trabajadores afectados), Instalaciones Ozeito (1), Srifi Contratas S.L. (6), Pacto, Desarrollo y Servicios (20), Carmen Adame Feria (32), Drappo S.A. (8), Nortsur S.A. (8), BKN (12), Ybarrola Construcciones y Reparaciones (21) Hamadi Amar Mohamed (8), Jitamon S.L. (4), Estruceuta (2), Abyla Europromociones (7), Interiores Ubega (1), Sankein Ecuador S.L. (3), Galiceu XXI S.L. (6), Lebrysan de Estructuras S.L. (20) y Dozahi (35).
Existe un núcleo de problemas de subcontratas en las obras del nuevo hospital del nuevo hospital de Loma Colmenar.
Aróstegui dijo que se trata de un “efecto rebote” de las propias empresas constructoras, que tienen problemas en la península y terminan “usando el dinero de Ceuta para ir tapando sus boquetes”.
El líder sindical lamentó que están aumentando las conductas “fraudulentas, ilegales y corruptas” de muchos empresarios. Además, dijo que cada vez son más frecuentes los finiquitos firmados antes de comenzar a trabajar, las presiones para renunciar a complementos, las horas extraordinarias obligatorias y sin cobrar, las amenazas de despido y el trabajo ilegal.
En este orden, dijo que muchos empresarios han adoptado la filosofía, en tiempos de crisis, de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
De esta manera, el sindicato responderá mediante actuaciones concretas para que estos empresarios que se comportan de esta manera sientan “vergüenza social”, ya que no le parece lógico “que se amparen en el miedo de los trabajadores que no quieren denunciar”. Asimismo, anunció poner en marcha una campaña de denuncia social.
En las dependencias de CCOO esperaban ayer para ser atendidos unos 20 trabajadores de la empresa Ybarrola, quienes llevan un mes sin cobrar. Lamentaron que no cobran las horas extras y que los empleados transfronterizos, que son varios, no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo.
En declaraciones a este medio, el responsable de la empresa, Francisco Barrientos, dijo que los retrasos de abono de salarios se han producido debido a “problemas financieros”, y que ha buscado “todo tipo de soluciones, hasta el punto de intentar vender la empresa para sacar los costes de empleados y proveedores”. Después de un mes y medio trabajando para llevar a cabo esta gestión, no fue posible.
Además, el empresario aseguró haberse puesto en contacto con el sindicato antes de que fueran los trabajadores a denunciar su situación. “No hay mala relación entre nosotros y el sindicato y los trabajadores. Se les ha ido informando a todos los empleados desde el primer día y tenemos de cuatro a cinco reuniones todas las semanas para exponerles la situación. Ellos saben todos los pasos que se están dando”.
Barrientos dice estar “a disposición” de CCOO para facilitar toda la documentación necesaria. El sindicato ha solicitado a la empresa presentar un expediente de regulación de empleo y enviará un informe a Fogasa, que cubrirá un 45 por ciento de los gastos de cada empleado.
El empresario dijo que pondrá su maquinaria a disposición de un administrador que nombre Hacienda y que con la subasta se terminará de pagar a los empleados. Además, un tercio de la plantilla ya tiene el finiquito. “Todo está justificado y las cuentas están claras”, sentenció.

La REA como instrumento de control

CCOO entiende que el archivo que permitió crear la Ley de Subcontratas “no funciona” y que “se cerró el registró”. En este sentido, considera que “no existe una política, por parte de la Delegación del Gobierno para controlar esta situación”.
Por su parte, la jefa del Área de Trabajo de la administración citada, Remedios Muñoz, dijo ayer en declaraciones a este medio que el Registro de Empresas Acreditadas (REA) “obliga a las empresas de la construcción a estar inscritas”. En esta línea, aseguró que si no lo están “se enfrentan a una sanción grave o muy grave con multas muy elevadas en el caso de que un inspector de Trabajo visitara la obra, pidiera el certificado de éstas al empresario y no lo tuviera”. Además, aseguró que el registro “no está cerrado, sino todo lo contrario. Si una empresa de nueva creación o recién implantada en Ceuta quiere trabajar en la ciudad, puede inscribirse porque se trata de un registro abierto”.
En el caso de las subcontratas, dijo que son las empresas contratistas las que, por ley, tienen que verificar que la subcontrata está inscrita. A día 12 de enero, en Ceuta hay 81 empresas inscritas y se han expedido 47 certificados.

Plano de la nueva cárcel.

La Confederación de Empresarios (CECE) considera que la nueva penitenciaría prevista para la ciudad y cuyo proyecto y planos fueron publicados en exclusiva por ‘El Faro’, va a generar “movimiento económico” y muchos puestos de trabajo, según indicó en declaraciones a este medio el máximo responsable de la organización empresarial, Rafael Montero.

El total de empleados que harán falta para hacer realidad el proyecto de la nueva cárcel es de 724 personas, a las que hay que sumarle el personal que se dedicará a las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo y los 423 funcionarios y 24 laborales que velarán por el cumplimiento del derecho penitenciario.
Además de las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo, existirá una nómina de personal laboral que, por norma general, suele ser seleccionado entre residentes del propio municipio, en colaboración con los responsables de fomento del empleo local.
Montero recordó también que el aumento del personal que trabajará en la cárcel conllevará la llegada a la ciudad autónoma de personas de la península, lo que supondrá su consumo en Ceuta. “El funcionario es un consumo fijo, porque no tiene problemas de crisis”, manifestó.
El presidente de la CECE, como ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, indicó que en tiempos de crisis, es el Gobierno el que tiene que generar empleo a través de obras públicas.
Aunque las empresas contratistas serán “entidades grandes”, el máximo responsable de la CECE no descarta que muchos trabajos se subcontraten y beneficie así a empresarios de la ciudad.

Empresas de construcción

El proyecto dice que las empresas de trabajos relacionados con la construcción (subcontratas en general), almacenes de materiales y talleres encontrarán en esta obra “una fuente de trabajo con importantes cifras de contratación, que generalmente obligará a crecer, mejorar y adaptarse a los sistemas de calidad exigidos en la misma”.
En cuanto a los servicios, el flujo de todo tipo de personal, tanto directivo como técnico u operario, conllevará el uso de los servicios de restauración y alojamiento en las inmediaciones de la obra.
El proyecto indica también que una vez construido el complejo, su funcionamiento “responde prácticamente” al de una pequeña ciudad, necesitando los mismos servicios y realizándose su abastecimiento desde el exterior, por lo que dependerá de la zona para la adquisición de alimentos, fármacos, vestuario, artículos de limpieza o material didáctico, generando también importantes ingresos por parte de empresas de la ciudad.

Las barriadas cercanas no ven problemas en la ubicación de la cárcel

Las asociaciones de vecinos de las barriadas más cercanas a la futura ubicación de la nueva cárcel (Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso) han manifestado, a través de sus presidentes, que no creen que la situación de este edificio les suponga un problema directo.
Mohamed Lahsen, representante de Príncipe Felipe, dijo que “dadas las dimensiones de la ciudad el centro penitenciario no puede estar situado mucho más lejos”. De esta forma justificó que se proyecte su construcción cerca del casco urbano. También quiso manifestar que lo que no era lógico era la situación de la actual cárcel de Los Rosales, “que está en mitad de la ciudad”. Por otro lado expresó sus quejas en torno a la incomodidad que les causa la cercanía del polígono industrial. “Las mercancías, los empresarios y las personas que acuden al polígono pasan muchas veces por medio de la barriada y saturan nuestras vías”, dijo. Matizó que esto se producía principalmente cuando la frontera estaba colapsada, “aunque no deja de ser un problema”.
En lo que respecta al barrio de Príncipe Alfonso, Laarbi Mohamed explicó que por el momento ningún vecino había acudido a él para mostrarle su descontento, pero matizó que probablemente se debiera a que “no conozcan mucho la noticia”. De todas formas dijo que el sitio en el que irá situada la institución penitenciaria, a unos 500 metros, está lo suficientemente lejos como para que no les cause molestias importantes.
En ambos casos hablaron de posibles respuestas de los vecinos en los próximos días, aunque en general la tónica sería la de “comprensión y aceptación de lo que ocurre”.

Ubicación de la nueva prisión.

El inicio de la actividad del nuevo centro penitenciario de Ceuta, que se levantará en el sureste del territorio ceutí, entre el Cerro de la Mora y el Cerro de Mendizábal en una parcela de 23,4 hectáreas (234.190 m2), conllevará la incorporación de unos 423 funcionarios y 24 laborales de Instituciones Penitenciarias, según el proyecto de construcción de la cárcel al que ha tenido acceso en exclusiva ‘El Faro’.

Este personal -dice el proyecto- tiende generalmente a vivir lo más próximo posible a su centro de trabajo por economía de tiempo y transporte. Esto significa que gran parte de esas familias se empadronarían en la ciudad, que deberá fomentar la salida al mercado de viviendas de alquiler, la rehabilitación de otras ya existentes o la construcción de nuevas.
Además, la puesta en funcionamiento del mismo establecimiento generará un incremento de alrededor de 70 efectivos de Fuerzas de Seguridad del Estado, que además de originar una situación social similar a la referida respecto a los funcionarios, le proporcionará a la zona un considerable aumento de seguridad, tanto estática, en el entorno del complejo, como dinámica, por el constante trasiego de vehículos entre el centro de seguridad más próximo y el complejo penitenciario.
Aunque en algunos sectores de la sociedad existe una percepción negativa de los centros penitenciarios, su presencia genera un alto número de puestos de trabajo y demanda gran cantidad de servicios, que lo convierten generalmente en “una importante empresa en la zona”. Su incidencia en el municipio que lo acoge puede dividirse en dos etapas: el momento de su implantación y construcción (obreros), y durante su funcionamiento (funcionarios de prisiones, ya comentado).
Los trabajos de construcción comenzarán este año y tendrán un periodo de ejecución de 24 meses. Durante este tiempo se empleará una media de personal, entre técnicos, administrativos, oficiales especializados, ayudantes y peones, de unas 724 personas. Se tenderá a contratar prioritariamente a trabajadores de la zona, lo que supondrá la inmediata creación de nuevos puestos de trabajo, según indica el proyecto.
El informe advierte de que una vez construida la penitenciaría, su funcionamiento corresponderá prácticamente al de una pequeña ciudad, necesitando los mismos servicios y realizándose su abastecimiento desde el exterior, por lo que dependerá de la zona para la adquisición de alimentos, fármacos, vestuario, artículos de limpieza, material didáctico, etc.
Además, para las funciones de limpieza y mantenimiento del complejo existirá una nómina de personal laboral, que suele ser en este tipo de centros seleccionado entre residentes del propio municipio, en colaboración con los responsables de fomento del empleo local.
La penitenciaría llevará incorporado un Centro de Inserción Social (CIS), ya que finalmente se optó por agrupar ambas actuaciones de tal manera que se optimiza la ocupación de terrenos y la dispersión de este tipo de instalaciones por el territorio. Este aspecto ha sido tenido en cuenta a la hora de seleccionar un emplazamiento que garantice superficie suficiente para ubicar ambas instalaciones. Las alternativas de localización para el CIS considerada han sido Cía de las Lanzas, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, El Jaral (frente a la planta de hormigones Guano, en carretera Ceuta-Benzú) y Calamocarro.
Otro dato a destacar del proyecto es que el centro penitenciario estará ubicado a 500 metros de la barriada más conflictiva de la ciudad, Príncipe Alfonso, y a 1.200 metros de la actual cárcel de Los Rosales.

Ordenación del centro

El centro contará con 648 celdas, tal y como adelantó este medio el pasado año. La ordenación de los diversos edificios que lo componen se basa en la jerarquización de la relaciones entre las distintas actividades que se van a desarrollar dentro del mismo y la adaptación de un terreno en pendiente que genera una serie de plataformas a distintas alturas y la relación entre ellas.
El eje más al sur costará de una plaza de ingreso al centro, rodeada por los edificios del módulo de régimen cerrado, ingresos, salidas y tránsitos, jefatura de servicios, comunicaciones y convivencia, todos ellos en contacto directo con el exterior para el acceso de funcionarios o visitar externas.
Hacia el norte y al lado del edificio de comunicaciones de convivencia se encontrará el edificio de cocinas, instalaciones y almacenes, con acceso posterior de vehículos para el suministro de todo el centro desde el exterior, y los talleres productivos.
En la zona más al noreste se ubicarán en primer lugar tres módulos polivalentes, enfrentados con el acceso a los edificios de enfermería y deportivo.
Dentro de la banda de seguridad de 20 metros y como esclusa de ingreso, se situará el edificio de oficinas y cuerpo de guardia, y próximo al acceso de la misma, el edificio de control de accesos. Estos dos edificios se comunicarán mediante una pasarela.
Los aparcamientos, tanto el de visitas, como el de funcionario, se situarán fuera de las bandas de seguridad. Próximo al aparcamiento de visitas, se reservará una zona para el CIS, con 50 habitaciones dobles.
El conjunto quedará protegido por un perímetro exterior o banda exterior de 20 meros de ancho controlada por la Guardia Civil, con un vial de circulación de vehículos. Esta banda estará delimitada por muros de hormigón armado. Además, contará con una banda interior de 19 metros de ancho (Paseo de Ronda), con una valla metálica que la dividirá longitudinalmente.

Un complejo moderno pensado para el interno

Convivencia Este edificio permitirá las comunicaciones de convivencia. Es de una sola planta, contando con espacio bajo la cubierta inclinada para poder alojar las instalaciones.
Deporte y cultura Llevará incorporado un polideportivo cubierto, con vestuarios, frontón, gimnasio y piscina. También contará con un auditorio, aulas y una biblioteca.
Enfermería Dispondrá de planta baja, técnica y primera. Al adosarse el edificio a la galería de instalaciones, la planta bajo cubierta técnica se reubicará como la entreplanta técnica, resolviendo las instalaciones y accesos a patinillos.
Inserción El proyecto incluye también la construcción de un CIS, con 50 habitaciones dobles. La DGIP sigue apostando por la inserción social y laboral.

Septem Nostra pide que se respeten las zonas protegidas

La construcción de este mastodonte alterará la fisonomía de la ciudad. Algo de lo que es consciente el Gobierno de ahí que, a través del Ministerio de Medio Ambiente, haya pedido ya una evaluación sobre el impacto ambiental del proyecto.
Ha sido la asociación en defensa del patrimonio, Septem Nostra, la encargada de llevarla a cabo. Una valoración a la que ha tenido acceso este medio y que se remitió a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, esta misma semana. Sólo un punto negro: no se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar el proyecto, la zona en la que se pretende levantar la cárcel, un espacio protegido por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
“Concretamente, el centro penitenciario afectaría al denominado ‘Monte Benzú, de ingenieros y sin denominación especial’, perteneciente al Estado, e incluido en el Catalogo de Montes de Utilidad Pública”, apunta José Manuel Pérez Rivera. “Este monte se encuentra afectado a la Defensa Nacional, por lo que, además del cumplimiento de la Ley de Montes, cualquier acción que los afecte deberá constar con informe favorable del Ministerio de Defensa”, concreta.
En la lista de asuntos a tener en cuenta antes de iniciar esta magna obra, que vendrá a frenar el hacinamiento de Los Rosales, Septem Nostra considera que “la afectación al entorno protegido de la Torre de Mendizábal, declarada Bien de Interés Cultural, no se ha resuelto de manera definitiva en la memoria”, debiendo recordarse que “el artículo 19. 3 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español prohíbe toda construcción que altere el carácter de los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación”, apunta.
Según se indica en el informe emitido por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el proyecto de la nueva penitenciaria invade parte del entorno protegido del mencionado fortín, “por lo que se debería modificar la ubicación del centro penitenciario para evitar esta situación y respetar la condición como elemento protegido de la torre de Mendizábal”, añade. La asociación pide además realizar un estudio hidrológico, así como un informe que establezca la afección del proyecto en el dominio público hidráulico.

Empresarios y Comerciantes ceutíes estudian adelantar las rebajas.

Los empresarios ceutíes estudian adelantar las rebajas del 7 al 2 de enero como medida de excepción para evitar que los clientes se vayan a Andalucía, pionera en esta medida, para hacer las compras de Reyes a precios más bajos, según indicaron ayer a ‘El Faro’ los agentes económicos de la ciudad.

Andalucía ha tomado esta medida para reactivar las ventas en la campaña de Navidad ante la fuerte caída del consumo por la crisis. Asimismo, los comerciantes andaluces han efectuado la petición formal a la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte para que adelante, de forma excepcional en 2009, las rebajas, tal y como indicaron a este medio fuentes cercanas a la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.
La Consejería, a su vez, ha asegurado que procederá inmediatamente a buscar mecanismos jurídicos para poner en marcha el adelanto de las rebajas de enero.
En Ceuta, aunque la Ciudad Autónoma, a través de la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, indicó que la legislación no se aplica de la misma manera que en otras autonomías porque la Consejería de Sanidad y Consumo no es competente a la hora de establecer un decreto que regule el inicio y la finalización de las rebajas y hará lo que diga el Gobierno central o la Comunidad Autónoma de Madrid, los empresarios y comerciantes ceutíes ven lógico que las rebajas den comienzo el mismo día que en Andalucía.
El motivo es claro: que los comercios no bajen el índice de ventas debido a que los ceutíes optan por cruzar el estrecho para hacer las compras de los Reyes a un precio mucho más bajo.
El 2 de enero será viernes, lo que podría motivar a muchas familias a aprovechar el fin de semana y viajar a Andalucía para hacer las compras. Si todo ocurre así, los comercios que abran sus puertas el domingo día 4, tal y como lo ha autorizado la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), podrían verse vacíos.
Esta situación sería todo lo contrario a lo que busca la CECE al autorizar abrir ese domingo para que los comercios ceutíes puedan vender más productos coincidiendo con la cercanía del día de Reyes.
Así las cosas, el presidente de esta organización empresarial ha convocado ya a los responsables de los establecimientos ceutíes para hacer frente a la medida de Andalucía y que no les afecte en momentos críticos de crisis.
El presidente de la CECE, Rafael Montero, advirtió de que el adelanto de las rebajas en Andalucía no beneficiará a los empresarios ceutíes, sino todo lo contrario. “Cada vez perdemos más competitividad con la Península, en este caso con Andalucía, que es lo que tenemos más cerca. Si además comienzan las rebajas los días antes de Reyes, la gente se podría ir allí -a Andalucía- a comprar”, añadió.
El máximo responsable del órgano de representación empresarial de Ceuta recordó que aunque existe un marco común para todo el país para establecer el inicio de las rebajas, cada autonomía tiene la potestad de marcar su periodo.
De esta manera, Montero se pondrá en contacto a partir de hoy con los grandes empresarios de la ciudad para proponerles adelantar las rebajas también del 7 al 2 de enero. “Si todos los empresarios estamos de acuerdo en hacer lo mismo que Andalucía para no bajar el número de ventas, no creo que la Ciudad Autónoma diga lo contrario”, confió el máximo responsable de la CECE.
El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Moreno, está en la misma línea de Montero, es decir, que apoyaría adelantar las rebajas al 2 de enero. “La Ciudad es la que establece las fechas de la rebajas y la que lo comunica cada año. Este año, lo lógico sería hacer lo mismo en Ceuta que en Andalucía, es decir, que se adelanten también”, apuntó.
De esta manera, Moreno, en representación de la Cámara de Comercio, solicitará también a la administración local adelantar el periodo de los descuentos para que los empresarios no se vean afectados por la medida de Andalucía.
En cuanto a las grandes plataformas, las rebajas comenzarán según lo que establezca la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), según indicó el responsable de Marketing de El Corte Inglés.
La portavoz del Gobierno ceutí considera que el adelanto de las rebajas en Andalucía no disminuirá las ventas en la ciudad autónoma. “Está demostrado que la mayoría de los ciudadanos de Ceuta realizan aquí sus compras de Reyes. Esta va a seguir siendo la tónica”, apuntó Bel.
Además, la portavoz del Gobierno manifestó que algunos negocios de textil y calzado ya han bajado sus precios, “lo que motivará que los ceutíes no vayan a la península a hacer sus regalos”. No obstante, indicó que esta medida la han llevado a cabo pocos comercios y de manera independiente.

Una medida para combatir la crisis económica

La Confederación de Empresarios del Comercio de Andalucía (CECA) indicó a ‘El Faro’ que las rebajas se adelantarán del 7 al 2 de enero para “animar a la gente que haga sus compras y combatir así la fuerte caída del consumo por la crisis”, según indicó el gabinete de prensa de esta organización empresarial.
Además, José Guerrero, secretario general de la CECA, afirmó en declaraciones a Efe que ha consultado a sus organizaciones territoriales y sectoriales y ha obtenido la “mayoría suficiente para entender que era conveniente sacar adelante este asunto con carácter excepcional y extraordinario en 2009.
La presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Ceuta, Gregoria Pozas, indicó que si Andalucía toma la decisión de adelantar las rebajas, Ceuta también lo deberá hacer, ya que “aquí también hay crisis”.

CECE

El presidente de la CECE, Rafael Montero, asegura que convocará a los empresarios ceutíes para proponerles presentar a la administración local la misma medida que Andalucía.

Cámara

Luis Moreno, máximo responsable de la Cámara de Comercio, considera que lo “lógico” sería que Ceuta adelantará también el inicio de las rebajas.

Consumidores

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Ceuta, a través de su presidenta, Gregoria Pozas, apuesta por comenzar las rebajas el día 2 de enero para que los ceutíes no hagan sus compras en la península.

Ciudad Autónoma

La administración local dice que no tiene la potestad para establecer la fecha del inicio de las rebajas. No obstante, la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, dice que algunos comercios de la ciudad autónoma ya han bajado los precios de sus productos.